Erase que se era 10

La región autónoma del nordeste se dotó de un estatuto de autonomía que en la práctica abolía la legalidad vigente en el viejo reino, proclamando una independencia de facto del resto de la nación, pero sin hacerla explícita, pues ello les hubiera costado tener que renunciar a los cuantiosos fondos que recibían desde el gobierno central, amén de tener que hacer frente a otros gravosos compromisos de los estados para con sus ciudadanos, esfuerzo que ellos no estaban dispuestos a asumir.

Todo se resumía en que el gobierno central no podía interferir en los asuntos de la región, reservándose el "derecho" de la región a intervenir en las decisiones que afectaran a los asuntos del resto del reino. Se imponía por la fuerza el uso de la lengua minoritaria autóctona, y otros mil reglamentos pergeñados por mentes enfermas, de corazones llenos de odio y rencor, entraban en vigor con la anuencia y el beneplácito (y un descarado impulso) del Gran Felón.

El partido de la oposición, ante la evidente ilegalidad del texto presentó el pertinente recurso de inconstitucionalidad. Pero qué se podía esperar de un tribunal cuya presidenta

era la esposa de un turbio leguleyo que había asesorado a los perpetradores de tal ilegalidad para llevarla a cabo intentando sortear los escollos legales y darle apariencia de constitucionalidad? Cómo esperar una sentencia justa de un tribunal compuesto por los cómplices ideológicos de los autores de tamaño monstruo jurídico? El paso de los años sin que se redactara la sentencia (imposible hacer pasar un camello por el ojo de una aguja) hizo que el asunto fuera cayendo en el olvido, y la oposición al engendro jurídico (aceptaremos lo que diga el constitucional) perdió impulso, pues el Ciclista

ansiaba pactar con uno de sus ideólogos,

traicionando la confianza que en él habían depositado sus votantes, que previamente habían recogido 4 millones de firmas oponiéndose a tal engendro.
El Rencoroso, mientras tanto,  no cesaba en su afán de destruir la antañona nación, en lo moral y en lo político, produciendo disparates legislativos dignos de la fértil imaginación de un narrador de historias de terror. Así sacaba leyes de supuesta memoria histórica para desenterrar muertos que llevaban casi un siglo enterrados y olvidados, enfrentando a la ciudadanía, que proclamaba que la unión entre personas del mismo sexo puede ser llamado matrimonio o que promulgaba leyes que para un mismo acto penaban de diferente forma al autor según su sexo. Todas estas tropelías eran bendecidas por el tribunal constitucional con unos argumentos dignos de una novela de ciencia ficción.
La rancia ideología, el sectarismo y la más enciclopédica ignorancia hicieron que se adoptara una política energética imposible de sostener.
Siendo el viejo reino una nación sin fuentes de energía propias, en aras de un ecologismo de salón, el Gran Timonel optó por las denominadas energías renovables,

 carísimas e ineficientes, gesto aplaudido por dos clases de personas:
1- Nuestros competidores económicos, pues la competitividad de las industrias se veía mermada debido al alto coste de la energía necesaria para la producción de bienes y servicios.
2- Los productores de energía eólica y fotovoltaica, que recibían ingentes subvenciones estatales para poder continuar con su actividad, claramente ruinosa para ciudadanos y empresas, pero que a ellos les reportaba beneficios astronómicos.

La falta de reformas económicas urgentes y las disparatadas decisiones en materia de política energética nos llevaban directos al precipicio.
Durante los años de bonanza, millones de inmigrantes llegaron al viejo reino, pues era necesaria la mano de obra y el estado pudo ser generoso concediendo ayudas. El Gran Optimista siguió una política suicida, ofreciendo refugio a todos los que arrivaban al viejo reino, aunque no hubiesen cumplido los trámites legales establecidos para establecer su residencia en nuestra nación.

Se daba  la paradoja que la persona extranjera que no cumplía las leyes obtenía más favores del estado que el nacional que pagaba sus tributos y cumplía las normas puntualmente, pues a aquel se le consideraba muy digno de lástima y necesitado de amparo, mientras que el nacional podría subsistir por sus propios medios, aunque la realidad cotidiana vivida por las familias era muy diferente: así se observaba que los inmigrantes ocultaban sus ingresos a la hacienda pública, trabajando sin contrato legal,  haciéndose acreedores de todo tipo de regalías, mientras que el ciudadano nacional tributaba unos impuestos

confiscatorios y no podía obtener las mismas ayudas, pues sus ingresos eran transparentes para el fisco.